Recientemente, Alejo Vidal Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo comentó en el ‘cermi.es semanal’ que “el gasto despilfarrador e ineficiente al servicio de los partidos y sus clientelas perjudica gravemente las políticas sociales". El eurodiputado, además, subrayó que “la integración europea no es la culpable de la crisis, sino el instrumento para superarla”. Se atrevió incluso a denunciar, cargado de razón, al hilo de la actuación del Gobierno español en política social, que éste “no ha entendido que para financiar las políticas sociales” lo que tiene que hacer es “rebajar drásticamente el gasto estructural del Estado” y eliminar “organismos inútiles, personal laboral innecesario, cargos de confianza superfluos, subvenciones absurdas y medios de comunicación públicos”. En este sentido, también advirtió de que “si los partidos en vez de utilizar las Administraciones en su beneficio tuviesen como prioridad las necesidades de los ciudadanos, se podrían sostener más holgadamente los servicios públicos y la protección social”.

 

 

La próxima estación, la anterior en el tiempo cronológico, sigue siendo Europa, y en nuestro afán por internacionalizar el movimiento de la discapacidad español, ‘Cermi.es semanal’ abordó a Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, para capturar uno de sus objetivos personales que, en negro sobre blanco, se convierte en un compromiso: “conseguir en 2020 una Europa realmente libre de barreras para las personas con discapacidad”. Además, Reding también reclamó desde esta plataforma “más Europa para superar la crisis” y abogó por la igualdad de oportunidades como “vital para el desarrollo económico de la Unión”,  y por la ‘Estrategia europea sobre discapacidad’ como complemento y apoyo a la acción de los Estados miembro por ser los que tienen “la mayor responsabilidad respecto a las políticas sobre discapacidad”. También recordó que la Comisión Europea está preparando un ‘Acta europea sobre accesibilidad’ que elimine las barreras económicas y sociales que “impiden a las personas con discapacidad hacer efectivos sus derechos y participar de forma plena en todos los ámbitos de la vida”.

 

 

“Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no se alcanzarán si los Fondos Estructurales excluyen a las personas con discapacidad”, sostuvo poco antes José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación al ‘Cermi.es semanal’. El ministro considera “un componente ineludible” de la Marca España el compromiso del Gobierno en la defensa de los derechos humanos y sostiene que son “plenamente consciente de la importancia que ha tenido y tiene todavía la dimensión social en la imagen exterior de España”. Por ello, “apoya la construcción de una auténtica dimensión social y cívica en Europa”. En su opinión, “la crisis económica no puede ser una excusa de la Unión Europea para desatender la necesaria protección de los derechos sociales de las personas con discapacidad".

 

 

También su especio en ‘cermi.es semanal’ lo ha tenido el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que si ciertamente recordó que los fiscales “están y estarán siempre del lado de las personas más vulnerables” también informó al sector de la discapacidad de que desde la Fiscalía General del Estado están tratando de “ajustar” su intervención a la ‘Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’. Además, destacó que una de las misiones más importante para los fiscales es “la protección y defensa de las personas con discapacidad” y que es necesario “un cambio legislativo que adapte la actuación de estos profesionales a la ‘Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’”.

 

 

Ya en casa, José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura, se comprometió a “acabar con la lista de espera en los servicios de atención temprana y habilitación funcional” en su comunidad. Y, según parece, es precisamente la discapacidad una de sus apuestas y prueba de ellos, sostiene, es el “aumento del presupuesto en política social, la recuperación del diálogo con el CERMI y el intento de impulsar normas más actuales siguiendo las directrices de la Ley General de Discapacidad” que aún sigue elaborando  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Lo que tiene muy claro Monago es que “un Gobierno no puede poner en marcha políticas efectivas sin contar con sus destinatarios, en este caso las personas con discapacidad".

 

 

De vuelta a nuestra propia “batalla” de internacionalizar el movimiento asociativo español, también tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Fernando López Aguilar, presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, quien nos desveló la suya propia, esa que se empeña en “ganar” contra “una mayoría muy conservadora” que “utiliza la crisis” para “desmantelar los pilares del Estado social, incrementar las desigualdades de la UE, privilegiar la ventaja relativa de los más ricos y los más favorecidos y, por tanto, incrementar los niveles de desprotección de los colectivos vulnerables, abandonando a su suerte a colectivos crecientes”. Así de rotundo se mostró López Aguilar quien recalcó que “está en juego la agenda social europea como nunca” y que “es completamente falso que esa agenda social europea se pueda sostener con menos recursos”.

 

 

Otro presidente de comunidad autónoma que nos ha prestado su voz es el de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien recordó que “Madrid es la única comunidad autónoma que continuará manteniendo la gratuidad en la atención a personas con discapacidad” y presumió sin mala fe de que “en el primer semestre de 2013” se abriría el centro de referencia en valoración y atención temprana para niños con discapacidad. Este medio ha corroborado que, a día de hoy, no es así, aunque están en plazo, ya que el objetivo se contempla dentro del ‘III plan de acción para personas con discapacidad 2012-2015’. Lamentablemente, el retraso afecta, como de costumbre, a los “más vulnerables”.  No obstante, desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales aseguran que “ese espacio para el centro ya está equipado y se está terminando de elaborar una hoja de ruta de trabajo en colaboración con las consejerías de Sanidad y Educación”. Aunque no han podido precisar cuándo estará abierto, si que aseguran que su “intención es abrirlo lo antes posible y que los temas administrativos han causado el retraso”. Además, el presidente de la Comunidad de Madrid desmintió la cifra que el movimiento asociativo manejaba en esos momentos respecto a las personas con discapacidad que se han quedado en el paro en los últimos tres años. Así, aseguró que, según sus propios datos, se trataba de “6.000” y no de 30.000, aunque admitió que “sin duda, se trata de una cifra elevada y que nos mueve a tomar medidas para combatirla”. Otro de sus compromisos es el de “ayudar a las personas con discapacidad  para que desarrollen su actividad laboral en Centros Especiales de Empleo de la región”. 

 

 

Y de empleo y CEE también habló en nuestra revista digital otro presidente autonómico, concretamente Javier Fernández, del Principado de Asturias, quien sostuvo que “en 2013 se mantendrá el empleo de más de 2.000 personas con discapacidad en los CEE” y que desde sus comienzos, siempre ha tenido como “prioridad” la política social. El jefe del gobierno asturiano narra entre sus logros, desde que ocupa su cargo, el de haber hecho una realidad el Acuerdo Marco para la contratación de las plazas concertadas con entidades gestoras de atención a personas con algún tipo de discapacidad, que “ordena y mejora la calidad de los servicios prestados, aspecto que redunda positivamente en los beneficiarios, sus familias y los empleados de las entidades”. Su próximo objetivo, aseguraba el presidente asturiano, será “colaborar para que el Parlamento apruebe la creación de una comisión de discapacidad”.

 

 

Y destacable también una voz con peso, pero esta vez femenina, la de Soledad Becerril, la primera mujer en convertirse en Defensora del Pueblo en nuestro país y cuyo deseo para las personas con discapacidad es que “los recortes en la Ley de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia sean temporales”. Está empeñada en lograr la plena aplicación de la ‘Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad’, ratificada por España a finales de 2007 y considera vital seguir luchando por “la eliminación de las barreras, no sólo arquitectónicas, sino también las sensoriales y las de comunicación”. Esta mujer pionera, que ya en el año 81 ocupó la cartera de Cultura con Calvo-Sotelo, defiende que es “necesario corregir la desigualdad” con medidas de apoyo para incrementar el “acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad”. Asimismo, también arremete contra la crisis económica como catalizador del aumento del número de reclamaciones de las personas con discapacidad ante el Defensor del Pueblo. Fundamentalmente, destaca, “relacionadas con derechos reconocidos por la Ley de Dependencia, que, por las dificultades económicas por las que pasa el país, sufren retrasos, recortes o dificultades para su aplicación”, concluyó.

 

 

Poco antes, Ramón Jáuregui, diputado socialista, portavoz en la comisión constitucional del Congreso, también culpaba a la crisis económica de los “comportamientos gravemente irresponsables”.  Por otro lado, puntualizó que la discapacidad “debe formar parte obligatoriamente del diseño de toda política de Responsabilidad Social de las empresas” porque “si todas las empresas del mundo fueran rigurosas en el cumplimiento de los Derechos Humanos, el mundo sería mucho mejor de lo que es”. Además, con voz potente, Jáuregui denunció en el ‘cermi.es semanal’ que “la actitud irresponsable del mundo actual es, en gran parte, la causa de la crisis”.

 

 

La crisis económica, como se puede comprobar, es uno de los temas más vilipendiados en la mayoría de las entrevistas ‘de peso’ que hemos entresacado de los cien números que lleva publicados el ‘cermi.es semanal’. Otra prueba de ello es una de las declaraciones que recogimos de Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea, quien, una vez más, repitió que “la crisis económica no puede ser un pretexto de la UE para desatender la protección de los derechos de las personas con discapacidad” tanto es así que reclamó “las políticas en favor de los más vulnerables” como una necesidad apremiante en “este contexto de crisis” en la que “es aún más necesaria la unidad y la cohesión del Tercer Sector”. Por otro lado, enumeró los principales propósitos e iniciativas de la UE en materia de discapacidad.

 

 

Y si la crisis hace estragos, de recortes da cuenta otra mujer poderosa, esta vez la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, que dijo a este medio sin cavilar que “hacen que muchas personas con discapacidad no puedan ejercer sus derechos de manera efectiva, incluso cuando hay leyes que les protegen”. En el momento del encuentro, Elena Valenciano no tuvo ningún reparo en mostrar su preocupación por el recorte del Estado social al que calificó del “mayor producido en la democracia” y por el que peligraba "la igualdad y las condiciones de vida de las personas más vulnerables". En su labor de oposición, no perdió ripio y acusó al Gobierno de “no evitar que los más vulnerables paguen esta crisis”. En estos términos, afirmó que el Tercer Sector está “en riesgo” y que hay formar una alianza para “garantizar su supervivencia porque es uno de los sectores más vivos y más importantes de nuestra sociedad”. También aprovechó la oportunidad para ensalzar la función del CERMI alegando que a través de él se aprende mucho de las necesidades de las personas con discapacidad y recalcó que su partido cree firmemente en “la igualdad y los derechos de todas las personas”.

 

 

Y más declaraciones donde la crisis aparece como coprotagonista, en esta ocasión de la mano de José Antonio Griñán, entonces presidente de la Junta de Andalucía, quien opinó que “el Estado del bienestar no ha sido la causa de la crisis”, pero que “es muy complicado mantener derechos esenciales cuando el Gobierno de España recorta el presupuesto”. Como propósitos durante la legislatura se proponía entonces avanzar en derechos sociales y no olvidarse de la atención a la dependencia, la sanidad y los servicios sociales como “políticas que más empleo generan”.

 

 

Nada más aterrizar en la dirección general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, reconoció en nuestras páginas su verdadera militancia a favor de las personas con discapacidad sin esconder ni desmerecer tampoco su vocación política. Recién estrenado su cargo, nos dejó este titular: “las políticas de apoyo y estímulo a la discapacidad están en la agenda de prioridades del Ejecutivo”. Y justo por su personal compromiso social es por lo que Ana Mato, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, decidió encomendarle la responsabilidad de salvaguardar, en tiempos de crisis, los derechos de un colectivo que aún arrastra un importante déficit de ciudadanía.

 

 

"Tenemos derechos reconocidos y con ellos no se transige”. Así de contundente se mostró también a nuestro medio de comunicación el secretario general del CERMI, Alberto Durán, quien aseguró estar pendiente siempre de la inserción laboral de las personas con discapacidad. De hecho, uno de sus grandes anhelos es que la contratación laboral del sector “deje de ser una asignatura pendiente”. Por otro lado, halagó a la clase política de tener “sensibilidad”, aunque les pidió también que “transformen las realidades” porque “es lo que necesitamos”.

 

 

Y otra mujer que vela por los intereses de las personas con discapacidad es Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, quien subrayó en su día en el ‘Cermi.es semanal’ que su compromiso es “garantizar los servicios a las personas con discapacidad”. De cara al futuro, lanzó un mensaje de optimismo y tranquilidad a las casi 18.000 personas reconocidas en Navarra con discapacidad y a sus familiares. En momentos en los que se cuestiona la viabilidad de las prestaciones sociales con discapacidad, subrayó que uno de los cuatro principios de la coalición UPN-PSN “mejorar y potenciar las políticas sociales y el desarrollo del estado de bienestar social".

 

 

La voz de otra mujer que, además, ha sido distinguida por el CERMI como ‘Amiga de la discapacidad’, también resonó en las páginas digitales recorridas en estos cien números a los que hoy llega esta publicación. Hablamos de Isabel Martínez, secretaria general de Política y Consumo del anterior Gobierno, quien no ceja en su empeño de conquistar la igualdad y la democracia día tras día. Martínez considera que "es muy importante que el CERMI y todo el tercer sector sigan defendiendo su espacio para que la salida de la crisis no sea a costa de aumentar la brecha de desigualdad en nuestro país”. Confesó también su pesar por no haber logrado sacar adelante la Ley de Igualdad de Trato porque, en su opinión, “se trata de una norma que establece pautas para un modelo de sociedad más igualitario y un instrumento más para la maduración democrática de nuestro país”. Pero también afirmó que es “consciente” de que la plataforma de la discapacidad “seguirá peleando y encontrando la alternativa y soluciones acertadas” en su defensa por los derechos de las personas con discapacidad. Subrayó la importancia de la labor del CERMI por su heterogeneidad y la diversidad de sus reivindicaciones y lo calificó de “ser una voz única del sector” a la par que lo animó a seguir asumiendo la responsabilidad del movimiento “para colocar las prioridades en el sitio adecuado”.

 

 

Y por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón, por entonces alcalde de Madrid y actual ministro de Justicia, manifestó que a este medio que la discapacidad siempre está presente “en todas las políticas e iniciativas” que promueve el consistorio de la capital y que entiende que es “una realidad más que forma parte del entorno en el que nos desenvolvemos”. También él ensalzó la labor del CERMI como “absolutamente necesaria” y confiesa su apuesta y defensa por la organización y la participación de la sociedad civil en el proceso de construcción de la ciudad. De hecho, insistió en la forma ejemplar de trabajar del CERMI, así como sus “fundamentales” aportaciones para que “el Madrid del siglo XXI sea, cada día, un espacio más habitable y más accesible”

 

 

Positivos como pocos, el ser de Francisco Vañó, diputado del PP, arrojó claridad en su intervención en esta casa de “todos y para todos” y se atrevió a desterrar el enfoque paternalista hacia la discapacidad apuntalando que “ya hablamos de derechos humanos”. Quedó patente también su apadrinamiento por el sentido del humor como faro para “ver la luz, recuperar la esperanza y las ganas de vivir". Muy a propósito de su humor, considerando que el diputado va en silla de ruedas, el título de su libro “Perdonen que no me levante” mencionado en la entrevista. Y también destacable otra frase que nos desveló una de sus intenciones: “demostrar, casi en tono de comedia, que la percepción social de la discapacidad está en muchas ocasiones distorsionada". Por supuesto, no podemos dejar de destacar y suscribir su frase: “la política no puede ser ajena a las necesidades e inquietudes de casi cuatro millones de personas con discapacidad en España".

 

 

Por último, sin desmerecer a nadie, y mucho menos a aquellos que también han proporcionado sus voces, sus sentimientos a esta publicación y no aparecen en este artículo, llegamos a la entrevista que se publicó en el primer número del ‘cermi.es semanal’ el 9 de septiembre de 2011. Fruto de la casualidad, sin intención de tomar partido, se trata de las declaraciones de Ramón Jáuregui nuevamente, aunque suceden en dos puntos del espacio y del tiempo bien diferenciados. 

 

En el último momento referido, era ministro de la Presidencia y como primera entrevista de peso que se publicaba en nuestro número uno, no queremos dejar de reseñarla, por lo entrañable, al coincidir con el comienzo del apasionante y consciente propósito de esta revista: una apuesta inequívoca por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión “absoluta e imprescindible” en la sociedad. Y Jáuregui, en ese diálogo, se prestó entonces al arropo del ‘Cermi.es semanal’ y de la labor del CERMI calificándola, dentro de la conciencia de los poderes activos, como “un activo importante para todos” y, de paso, robusteció la función del comité como “fundamental” porque “identifica los problemas que le afectan y propone las soluciones” permitiendo el diálogo entre la Administración y los ciudadanos con discapacidad.

 

 

Y como colofón de este viaje a vuela pluma sobre las voces destacadas de un coro mucho más amplio, polifónico y armónico, donde todos han contado y cuentan, que han nutrido y dotado de significado y de una idiosincrasia irrenunciable al ‘cermi.es semanal’ a lo largo de estos cien números, dos ideas. Por un lado, que hay muchas batallas aún que pelear y ganar, y que tanto las personas en cargos estratégicos como la aportación individual de cada uno, con y sin discapacidad, suma positivamente para el logro de nuestros objetivos. Por otro, que pese a los estragos de la crisis y los momentos difíciles, parafraseando a Jáuregui, seguiremos “revolucionando el mundo de las discapacidad, despertando a sus miembros y organizaciones”, al mundo entero, para conseguir esa “realidad prometedora” que tanto nos merecemos.